Desde la Secretaría de Cultura, Derechos Humanos y Género de UEPC Delegación Capital expresamos nuestra profunda preocupación ante los trascendidos sobre la reforma curricular en curso en la formación docente de la provincia de Córdoba, según los cuales la Educación Sexual Integral dejaría de contar con un espacio curricular específico.
Esta discusión no ocurre en cualquier contexto. Nuestro país atraviesa momentos de profunda preocupación frente al recrudecimiento de las violencias por motivos de género. El reciente femicidio de Agostina Vega, estudiante secundaria de 14 años de nuestra provincia, nos interpela como sociedad y, particularmente, como comunidad educativa. Nos recuerda que la violencia no es un problema individual ni aislado, sino una problemática social que exige respuestas integrales desde el Estado y un fuerte compromiso de las instituciones educativas.
Las escuelas son espacios privilegiados para la construcción de vínculos democráticos, igualitarios y libres de violencia. Para ello, quienes enseñamos necesitamos herramientas de formación sólidas que nos permitan abordar la complejidad de las realidades que atraviesan niñas, niños y adolescentes.
La Educación Sexual Integral constituye una de esas herramientas fundamentales. No sólo porque se trata de una política pública vigente y de cumplimiento obligatorio, sino porque aporta saberes indispensables para promover el respeto por la diversidad, la igualdad de género, el cuidado del propio cuerpo y de las demás personas, la construcción de vínculos basados en el consentimiento y la prevención de distintas formas de violencia.
Por eso, cualquier decisión que implique relegar o diluir la ESI en la formación docente representa un retroceso. La transversalidad es una condición necesaria para su implementación, pero no reemplaza la necesidad de instancias específicas de formación que garanticen marcos conceptuales, pedagógicos y metodológicos rigurosos.
Como trabajadoras y trabajadores de la educación sostenemos que fortalecer la formación docente es fortalecer el derecho a la educación y el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en entornos más justos, democráticos y libres de violencias.
Estas modificaciones se inscriben en el marco del Plan Transformar Córdoba, que avanza en el recorte de contenidos fundamentales para la formación de las y los estudiantes, especialmente en las Ciencias Sociales, las Humanidades y los Derechos Humanos. Asimismo, denunciamos la persecución a docentes que implementan la ESI o intervienen ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, promoviendo la aplicación de los protocolos correspondientes.
Reafirmamos nuestro compromiso con una educación pública, científica, laica y con perspectiva de género. Exigimos que se preserven y fortalezcan los espacios de formación necesarios para la efectiva implementación de la ESI en todos los niveles del sistema educativo.
Porque defender la ESI es defender el derecho a educar, cuidar y garantizar derechos.
