Desde la Delegación Capital de UEPC, representantes gremiales hicieron pública su preocupación frente a los recientes anuncios del gobernador Martín Llaryora en relación con los haberes de jubilados y jubiladas provinciales. A través de una nota dirigida al Secretario General de la organización, Prof. Roberto Cristalli, se planteó la necesidad de que el sindicato defienda con claridad los derechos del sector pasivo de la docencia.
El documento, firmado por Franco Boczkowski (Secretario General UEPC Capital), Graciela Guell (Secretaria General Adjunta), Laura Mammana (Secretaria de Asuntos Jubilatorios) e Inés Kröhling (Secretaria de Acción Social), destaca la importancia de garantizar que los fondos nacionales girados para cubrir obligaciones previsionales sean destinados íntegramente al pago de jubilaciones.
Principales cuestionamientos al anuncio provincial
1. Disposición parcial de los fondos nacionales
Según lo informado, el gobierno provincial habría acordado con ANSES el cobro de solo el 25% de los montos originalmente comprometidos. En lugar de los $20.000 millones mensuales que debía transferirse desde Nación, la provincia aceptó recibir $5.000 millones durante 12 meses. De ese monto, solo $3.500 millones serían destinados al anuncio de aumentos, sin mayores precisiones sobre el destino del resto de los fondos.
2. Vigencia de la Ley 10.694 y falta de respuesta al reclamo estructural
Desde UEPC Capital se subraya que los anuncios no modifican la aplicación de la Ley 10.694, aprobada en 2020 durante el aislamiento obligatorio, ni alteran la intervención vigente en la Caja de Jubilaciones. Ambas situaciones constituyen ejes centrales del reclamo sostenido por la docencia cordobesa y fueron planteadas en diferentes instancias, como la audiencia pública realizada el 1° de julio en la Legislatura Provincial con la participación de diversos bloques legislativos y organizaciones de jubilados.
3. Carácter transitorio del anuncio
Se señaló además que el aumento del 84% anunciado para quienes perciben la jubilación mínima solo alcanzaría a un pequeño porcentaje (alrededor del 5%). Además, el monto adicional se otorgaría como “Complemento Previsional Solidario”, sin impactar directamente en el haber jubilatorio, que seguiría en $210.000. Esto permitiría continuar con el cobro del llamado “Aporte Solidario” a miles de jubilados.
4. Bonos que no resuelven el problema estructural
Otro punto destacado fue el bono bimestral de $100.000, que representa $50.000 por mes, es decir, aproximadamente $1.700 diarios. Para UEPC Capital, esta medida resulta claramente insuficiente frente a haberes que, en muchos casos, están por debajo de la línea de pobreza.
5. Aportes elevados y escasa retribución
También se reiteró la denuncia por los altos descuentos que sufren las y los trabajadores activos, que pueden alcanzar hasta el 22% del salario. Estos aportes, que exceden lo establecido por ley, no se traducen en jubilaciones acordes al 82% móvil, como establece el principio constitucional del salario diferido.
Solicitudes de UEPC Capital
Ante este panorama, UEPC Capital realizó una serie de solicitudes concretas para ser tomadas como posicionamiento institucional de la organización:
- Que los fondos girados por Nación sean destinados en su totalidad al pago de haberes jubilatorios.
- El reclamo de devolución de las sumas adeudadas por el Estado Nacional y el cese de la intervención a la Caja de Jubilaciones.
- La convocatoria a una lucha conjunta de los gremios estatales en defensa del sistema previsional y del salario digno.
- La derogación de la Ley 10.694 y la restitución del 82% móvil, con eliminación del diferimiento en el pago.
- La reapertura urgente de paritarias para garantizar que ningún salario docente, activo o jubilado, se ubique por debajo de la línea de pobreza.
DOCUMENTO PRESERNTADO