Este miércoles 8 de abril en el Congreso de la Nación, los diputados que responden a Javier Milei y aquellos que son mandatados por sus gobiernos provinciales, votarán la posibilidad de modificar drásticamente la ley 26639 la que protege la fisonomía y dinámica de los ecosistemas apostados a lo largo de la Cordillera de los Andes conocida como Ley de Glaciares. Formulada con saber científico y evidencias palpables -de las que estudiamos en la escuela- es una normativa que le imprime a los hielos importancia vital para la ocurrencia de fenómenos locales y globales: regulación climática, ciclo del agua, etc. La Ley es un plexo de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambiente periglaciar, una herramienta para cuidar nuestra agua para la vida. Sin embargo, el paquete de reformas desplegado y profundizado por todas las variantes partidarias que nos gobiernan en las últimas décadas, avanza en el blindaje del modelo de saqueo de nuestros bienes comunes (recursos naturales). El objetivo de la iniciativa es claro: brindar “seguridad jurídica” a los grandes grupos (multinacionales) de explotación minera, metalíferos o de hidrocarburos entre otras actividades, y así validar proyectos que ya se encuentran en marcha o que fueron objetados judicialmente por afectar áreas protegidas y contaminar entre otros con cianuro, cesio, radón o uranio el agua que río abajo beben poblaciones enteras.
Mientras los trabajadores de educación somos sometidos a una economía de incertidumbre en plazos anual o mensual a estas multinacionales se les garantizan décadas de estabilidad fiscal y tope de regalías, Menem lo hizo el RIGI lo refuerza. A la tasa de ganancia inmediata para las empresas y la fuga de capitales, se le contraponen pobreza, enfermedades y despojo para los habitantes de a pie. La propaganda oficialista que pregona creación de empleos y crecimiento económico lo que busca es un aval social que permita establecer sin conflictos, una nueva normativa que habilite la explotación extractivista de las zonas glaciares y periglaciares, a pesar de las caras consecuencias para las futuras generaciones.
Para cumplimentar los requisitos constitucionales las comisiones de debate del proyecto convocaron a una audiencia pública según indica el acuerdo de Escazú. Resultó toda una puesta en escena del proceso de participación ciudadana pues además de tardía y no vinculante la censura a los más de 100 mil inscriptos entre los formatos presencial y virtual, de Córdoba unos 9000, fue la nota de color. La masividad de los anotados es la expresión de la resistencia y organización de los diferentes conflictos ambientales y sociales y la denuncia concreta de que la modificación buscada viola el principio de no regresividad en materia ambiental.
Desde UEPC Capital nos sumamos a la campaña nacional en defensa de los glaciares, rechazamos su modificación, a la vez que repudiamos el fraude establecido en torno al proyecto.
¡La ley de Glaciares no se toca! Junto a los defensores ambientales exigimos a todos los diputados de Córdoba y el resto del país, que voten en contra de este ataque a nuestros derechos y territorios.
Este 8 de abril nos concentramos desde las 16 en la Plaza Vélez Sarsfield, con radio abierta y participación de artistas amigos a la espera de los resultados de la votación.