Esta mañana estuvimos en la sede de la calle Santa Rosa del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, junto a docentes y el delegado del Colegio Gabriel Taborín.
Hace más de dos meses, decenas de compañeros de esta institución reclaman sucesivos descuentos en distintas instituciones de la provincia, en algunos casos abusivos, luego de que el Colegio comenzara los trámites para dejar de percibir los subsidios que le eran otorgados por el estado provincial.
Estos trámites, plagados de irregularidades y donde se “pasan la pelota” entre RRHH de la Provincia, DGIPE, Sueldos y el Colegio Taborín, han producido una violencia laboral inusitada que desconoce derechos fundamentales como los reconocidos por la Constitución Nacional (art. 14 bis) donde se reconoce al trabajo como actividad fundamental para la subsistencia y realización y al salario como derecho primigenio, protegiendo la facultad de usarlo para necesidades vitales. Por su parte, la Ley de Contrato de Trabajo (art. 137) pone en mora automática al empleador por pago tardío, ya que el salario tiene naturaleza alimentaria y debe continuar percibiéndose sin reducción. Además, la Ley 5326 de enseñanza privada (art. 69) especifica que la falta de obtención o la demora en el cobro del aporte estatal no exime al propietario o responsable del instituto de la obligación de pagar a su personal, subrayando la responsabilidad financiera continua de los establecimientos privados. Estas normativas han sido violentadas bajo la impávida mirada del Ministerio de Educación que no sólo no da respuesta al reclamo, sino que además, a pesar de las distintas reuniones que hemos tenido con las partes responsables, no informa cuál es la deuda que tiene cada agente, hasta cuándo la tendrá que pagar y lo que es peor, qué sector del Estado va a intervenir para resolver el problema.
Desde la Secretaría de Privados de UEPC Capital con sus secretarios, Alejandro Roqueiro y Noé Silbestein y el delegado departamental Daniel Vera hoy estuvimos acompañando a docentes con el reclamo. En la reunión con funcionarios del área de sueldos del Ministerio de Educación, Santa Rosa 751, se acordó que elaborarán perentoriamente una respuesta al informe presentado por delegados y docentes ante DGIPE.
Es claro que dentro de la agenda de lucha 2026 como delegación sindical estableceremos como prioritaria la movilización para terminar con los descuentos y supuestas revisiones que se aplican de forma cruzada entre distintos establecimientos, ya sean públicos y privados. La política del gobierno de Llaryora de confiscar el salario, tiene un capítulo importante en las deudas que ellos mismos generan con los docentes para luego descontar compulsivamente sumas siderales todos los meses. Es un robo que no podemos permitir.
UEPC Capital
26/12/2025