Desde UEPC Capital expresamos nuestro total apoyo y solidaridad con la compañera Ana Contreras, y al mismo tiempo repudiamos enérgicamente la judicialización de la tarea docente.
El pasado 9 de abril, el juez Boga Doyhenard, de General Pico, La Pampa, dictó una sentencia absolutamente repudiable, sancionando a la docente con una multa millonaria, además de imponerle amonestaciones y otras sanciones administrativas. Este fallo aberrante se origina en una clase de Construcción de Ciudadanía de 4° año, en la que, ante la consulta de una estudiante, la docente se refirió al conflicto entre Israel y Palestina. Según la denuncia del padre de una alumna de religión judía, su hija se habría sentido agravada por un supuesto “maltrato psíquico” durante esa clase. De allí se desprende este veredicto inadmisible.
Rechazamos de forma categórica este fallo persecutorio y represivo, que representa una gravísima injerencia en la libertad de cátedra. Intenta imponer una mirada única y superior a todo tipo de pensamiento crítico. Cabe señalar que el mismo denunciante ya había objetado anteriormente los contenidos de ESI trabajados por la docente y la institución, apelando a una supuesta “objeción de conciencia”, en abierta contradicción con las leyes provinciales y nacionales vigentes.
Anunciamos que este fallo sienta un peligroso precedente disciplinador, que busca sembrar miedo entre quienes enseñamos desde una pedagogía crítica, con múltiples enfoques y perspectivas. Resulta inaceptable que sea el poder judicial quien pretende decidir qué contenidos deben ser abordados en el aula y cuáles no.
Lamentablemente, no se trata de un caso aislado. En los últimos tiempos se han registrado procesamientos y condenas contra docentes por tratar temas como los derechos humanos, el terrorismo de Estado o el genocidio, especialmente en el contexto del debate sobre Palestina y la ocupación israelí. Esta avanzada busca instalar la idea de que toda crítica al Estado de Israel o al sionismo equivale a antisemitismo, en un intento por silenciar cualquier voz disidente, tal como lo han hecho también con artistas y referentes políticos que se expresan contra el genocidio en Gaza.
Por todo esto, no solo exigimos la absolución inmediata de la compañera Ana Contreras, sino que demandamos a CTERA el lanzamiento urgente de una campaña firme y sostenida en defensa de este reclamo, así como de las libertades democráticas que hoy se ven amenazadas.
UEPC CAPITAL