Como es de público conocimiento, asistimos a situaciones de extrema violencia en las escuelas del país en general, y en Cba en particular. Estos hechos no son aislados: son consecuencia de la ruptura en el entramado social donde se conjugan políticas de vaciamiento y ajuste, junto con discursos de odio generados por los gobiernos.
La escuela, como institución social, no está por fuera de estas dinámicas. Por el contrario, es uno de los espacios que es caja de resonancia de la violencia social. Además la escuela, a través de sus docentes, es la que recibe, aloja y sostiene estas situaciones cotidianamente, en un contexto donde el gobierno Provincial no solo reduce cargos necesarios como Gabinetes Psicopedagógicos, Preceptores/as y cargos de porteros/as que fueron eliminando, sino que demora en cubrir las las horas cátedra y tiene una política de superpoblar los cursos . Sin gabinetes completos, sin espacios institucionales de cuidado y sin condiciones materiales adecuadas, se vuelve extremadamente difícil sostener la tarea pedagógica frente a situaciones cada vez más complejas.
Venimos advirtiendo una escalada de la violencia. No se trata de episodios aislados, sino de un proceso que se viene profundizando en un contexto de creciente desigualdad social conduciendo a la exclusión y estigmatización de nuestros estudiantes. Sumado a la naturalización de la violencia, ocurren episodios extremos como el del tiroteo en San Cristóbal con el saldo trágico que todos conocemos. Y con un gobierno nacional que alienta la tenencia de armas.
En este escenario, las escuelas quedan expuestas y desbordadas. En este contexto de crisis social, educativa y económica, los máximos responsables son los gobiernos de Milei y de Llaryora. Porque en vez de destinar recursos, tanto humanos como materiales, para la contención de nuestros estudiantes, sólo impulsan políticas punitivistas y denigrantes hacia los estudiantes implicados. Necesitamos presupuestos para cargos, seguimientos ante situaciones de violencia, realización de talleres, cuidado de la salud mental y todo lo que sea necesario para sostener, acompañar y contener a toda la comunidad educativa. De ninguna manera aceptaremos que se responsabilice a las y los docentes, que tienen que tener hasta dos o tres trabajos para subsistir, de la situaciones o de su resolución.
Por todo esto, exigimos:
Suspensión inmediata de las actividades ante un hecho de pintadas hasta que un equipo interdisciplinario evalúe la situación de riesgo.
Acompañamiento real y sostenido para todas las escuelas.
Equipos interdisciplinarios completos y con presencia efectiva en las instituciones.
Protocolos claros, socializados y acompañados de instancias de formación para su implementación situada.
Mayor presupuesto educativo que garantice condiciones dignas para enseñar y aprender.
Políticas públicas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia y no sólo sus consecuencias.
Sostener la escuela pública en este contexto implica mucho más que garantizar su funcionamiento: implica cuidar a quienes la habitan y generar condiciones reales para que la educación siga siendo un espacio de construcción colectiva, de derechos y de futuro.