Contra la confiscación de nuestro sueldo, reclamamos una recomposición salarial urgente.
Desde UEPC Capital, junto a los sindicatos ATE y UTS, gremios representantes de trabajadores docentes, estatales y de la salud pública reclamamos una recomposición salarial urgente al gobierno provincial.
La paritaria docente firmada en agosto no solo no ha garantizado la recuperación del salario, sino que consolida una pérdida salarial que desde noviembre es de 11,5%. Esto hace que el salario docente esté hoy $330 mil pesos por debajo de la pobreza y que se requiera un aumento de 51% para que el salario docente apenas alcance ese umbral.
El punto central de este último acuerdo paritario ha sido el de la actualización salarial al 100% del IPC Córdoba (Índice de Precios al Consumidor) del mes anterior. Sin embargo, desde que asumió el gobernador no ha actualizado nunca el salario de docentes y estatales según la inflación, sino que siempre lo ha hecho muy por debajo, atacándolo de forma explícita y material y recortando incluso nominalmente nuestros ingresos. A su decisión de no cumplir el último acuerdo salarial del año pasado la acompañó de un incremento exorbitante de los descuentos para APROSS y para la Caja de Jubilaciones y luego de la pérdida de la mitad del aumento de los precios por mes durante toda la primera parte del año, período de alta inflación mensual. Incluso ahora sigue sin cumplir la pauta que lo obliga a actualizar el salario según el IPC del mes anterior: desde agosto impuso descuentos por medidas de fuerza, que por ser en cuotas seguirán hasta octubre y que se suman a descuentos absolutamente irregulares e incomprobables por “revisiones de haberes”. Además de esto, cada mes se incrementan abusivamente los aportes a APROSS vía las sumas fijas, como el Fondo de Enfermedades Catastróficas, que aumentó 1100% en un año (en el último mes 6,6% de aumento contra 4,7% de actualización del salario), el aporte por familiar a cargo o el aporte mínimo, que llegó el último mes a $41.000. Esto hace por ejemplo que un docente con un cargo y 16 años de antigüedad, es decir, en la mitad de su carrera laboral, no llegue al mínimo que le exige de aporte la obra social, lo que habla de la pobreza del salario y de lo excesivo de los aportes.
Todo este entramado constituye un esquema perverso de confiscación de nuestro salario que está hoy en un nivel de pobreza intolerable. Con lo que nos viene recortando desde diciembre el gobierno le debe a cada docente $1.320.270, tomando la referencia del cargo testigo. Esta deuda debe ser compensada y retribuida de alguna manera, para poner fin a esta sangría del salario. Para recuperar el salario en términos reales que los docentes teníamos en noviembre de 2023, el gobierno debería otorgar un monto de $83.225 para el cargo testigo y su equivalente proporcional según el cargo y la antigüedad, para activos y jubilados, monto que debe incorporarse al salario para base de futuras negociaciones. Con estos salarios y esta política de confiscación de nuestros haberes, los docentes no llegamos hasta la próxima paritaria en febrero. Necesitamos una recomposición salarial urgente.
Conferencia de prensa de UEPC Capital (docentes), ATE (estatales) y UTS (salud).
Miércoles 16 de octubre 9 hs. en Maipú 30.